El Ayuntamiento de El Escorial se empeña en que los vecinos de Montencinar vuelvan a pagar las obras de la red de suministro de agua

A pesar de que la red fue ya costeada por los vecinos y recepcionada desde 1999 por el Canal de Isabel II al expirar la concesión de la Asociación de Propietarios, el Ayuntamiento insiste en que los vecinos sufraguen, de nuevo, el coste de renovación

La comparecencia de la concejal de Urbanismo en el último pleno del Ayuntamiento de El Escorial, lejos de ofrecer información transparente y útil sobre el PERI III de Montencinar, se convirtió en un mitin político disfrazado de rendición de cuentas. Bajo el envoltorio de “acuerdos beneficiosos”, se presentó una medida que, lejos de beneficiar a los vecinos, amenaza con hacerles pagar por segunda vez unas obras que ya costearon en su día.

Durante su intervención, la concejal anunció con entusiasmo un supuesto logro: la renovación de la red de distribución de agua por parte del Canal de Isabel II, fuera del Proyecto de Urbanización, financiado mediante una “cuota suplementaria” en la factura del agua. Es decir, los vecinos volverán a pagar por una infraestructura que ya fue sufragada por ellos y recepcionada por el Canal de Isabel II desde 1999 al expirar la concesión con la Asociación de Propietarios. ¿Dónde está el beneficio?

Lo más grave es que este acuerdo, presentado como un éxito, no incluye la red de saneamiento, que sí debería ser una prioridad. Si el Ayuntamiento realmente hubiera querido aliviar la carga económica de los vecinos, habría negociado con el Canal la ejecución de las obras de saneamiento, que son las que aún están pendientes y que sí requieren financiación.

En su discurso, la concejal insistió hasta en tres ocasiones en los supuestos beneficios del acuerdo alcanzado por su gobierno. Aprovechó además para enumerar los contenciosos judiciales en curso, utilizándolos —una vez más— como escudo para eludir cualquier responsabilidad y justificar la paralización del proyecto. Lo que no se mencionó, ni de pasada, fue la evidente falta de recursos del Ayuntamiento para afrontar una iniciativa de tal magnitud y complejidad, un factor que también explica, sin lugar a dudas, el considerable retraso acumulado.

Desde AEN denunciamos esta estrategia de maquillaje institucional. Los vecinos de Montencinar no necesitan discursos triunfalistas ni pactos que esconden trampas. Lo que exigen —y merecen— es justicia, transparencia y un compromiso firme con sus derechos. Para ello, el Ayuntamiento debe abandonar su papel de recaudador compulsivo y asumir, de una vez por todas, la responsabilidad de servir al interés público como le corresponde.

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